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No son tiempos de política.

Por Eugenio Zamora.

Vivimos tiempos difíciles, atravesamos una crisis de tal magnitud que ha invadido directa o indirectamente todos los sectores: el sanitario, el económico, el laboral, etcétera; y es precisamente por esta razón que no es el momento adecuado ni prudente para aprovechar la disrupción social entorno a la pandemia provocada por el COVID-19 y promover proyector políticos que atenten directamente contra el estado de derecho y contra la imagen de México hacia el mundo… a menos que te llames Andrés Manuel y te apellides López Obrador.


Y lo digo porque justo cuando enfrentamos una de las crisis mas duras de los últimos tiempos, en lugar de buscar la manera de hacerle pruebas a la mayor cantidad de personas que nuestro Producto Interno Bruto per-cápita permita; de buscar la manera de que la inversión no huya del país, o hallar la forma de apoyar lo mas que se pueda a las MiPyMES del país con el fin de preservar todos los empleos posibles; parece que el gobierno federal solo piensa en aprovechar la situación sociopolítica actual del país para impulsar reformas, decretos, leyes y proyectos sobreponiendo al capricho político e ideológico por encima del bienestar general de la nación. Empezando primero por el imponer frenos a, por lo menos, 250 proyectos de infraestructura medioambiental renovable, lo cual no solo coloca al gobierno mexicano como uno que ahuyenta a la inversión privada y espera que -como en el siglo pasado- el estado tenga el control total de la energía en el país, sino que también lo coloca como un gobierno que no cree en las energías limpias y que, por el contrario, prefiere retroceder 100 años en el tiempo y utilizar combustóleo y carbón para generar la energía ¡Ah! Porque en algo tienen que ocupar el petróleo que PEMEX produjo irresponsablemente aun contra las indicaciones y recomendaciones de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y, por no sufrir el sobre almacenamiento que pasaron los demás países petroleros, sacrificaron a un medio ambiente que ya ha venido vulnerándose al paso de gobiernos anteriores pero que ya había encontrado un rumbo de transición a energías amigables con el medio ambiente.

Pero este, es solo una de esas medidas tomadas en el oportunismo por la contingencia sanitaria; ya que también tenemos, por ejemplo, el caso de la Reforma Electoral de Veracruz, en la cual se atienden dos puntos principales y alarmantes dependiendo la lupa con la que se vea. El primer punto que atiende la reforma es el evitar que el gobernador de ese estado, Cuitláhuac García Jiménez, -envuelto en la critica y los cuestionamientos por su competencia para ejercer el cargo- sea sometido a la revocación de mandato, la cual ya está establecida en la Constitución Política federal. Este primer punto de la reforma no solo atenta contra un recién aprobado mandato constitucional, sino también contra la voluntad de la mayoría de los veracruzanos, ya que, recordemos, García Jiménez es el gobernador peor aprobado del país, con un índice que no llega al 18% de la preferencia del electorado; pero, obviamente, el hecho de que un gobernador de la coalición en el poder “Juntos Haremos Historia” pierda la revocación, seria un golpe político-electoral gravísimo para el capital social del presidente López Obrador.

El segundo punto es la posibilidad de que ciudadanos no nativos de Veracruz puedan ser electos para la gubernatura del estado. Esta reforma pavimenta el camino para llevar a cabo el plan para trasladar a Cuitláhuac García al gabinete federal sacándolo por la puerta grande del Palacio de Gobierno antes de que este sea sometido a la revocación de su mandato. ¿Qué nos dice esto? Que esta reforma tiene nombre y apellido: Ricardo Ahued Bardahuil.


Sin embargo, el colmo del cinismo oportunista del Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA- en medio de la pandemia es, sin duda, la reforma a la ley de educación del estado de Puebla, aprobada recientemente por la mayoría del partido oficial en el Congreso de ese estado, gobernado por el morenista Miguel Barbosa; reforma la cual permite al gobierno estatal apoderarse de la educación privada en todos sus niveles, dándole facultades de intervenir en los planes de estudio, cobro de colegiaturas y hasta los uniformes y fachadas de dichas instituciones educativas.

¿Seguimos sin entender? ¡El problema de la educación en México es la intervención del estado en ella! Lo único que provoca esta ley es que el gobierno intervenga, ahora también, en la educación particular, vituperando la inteligencia de los jóvenes poblanos ante los ojos de todo Mexico.


Señoras y señores de la 4T ¿No que éramos diferentes? Si de verdad lo son, entiendan de una vez por todas que estos no son tiempos de política, sino de concertación y unidad nacional.

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